A favor de las entidades de gestión

El ejemplo de las entidades de gestión en España se estudiará algún día en las facultades de periodismo y de comunicación audiovisual como ejemplo prototípico de una mala imagen y todavía peor reputación. Durante algún tiempo la SGAE ha sido una de las instituciones peor valoradas por los ciudadanos. Tal consideración sólo puede nacer de la comisión de numerosos errores por parte de la propia SGAE y de las reformas legales impulsadas por los últimos gobiernos. Pero es profundamente injusta.

Pincha para ir al sitio de ADEPI, órgano que agrupa a las entidades de gestión españolas.

Las informaciones en prensa sobre este particular suelen ser deliberadamente inexactas, con el objetivo de crear un estado de opinión en torno a las entidades de gestión y de alimentar su mala imagen. Es fácil comprobarlo durante estos días previos a las elecciones en la SGAE. Sin embargo, las entidades de gestión están reconocidas por la ley de propiedad intelectual, y no desde ahora, sino desde hace más de dos décadas, al menos en la forma en la que las conocemos ahora. Su misión: recaudar la contraprestación que corresponde a cada artista por el uso de sus obras, y después, lógicamente, el reparto de dichos importes. A partir de esta idea, que es bastante justa, nace todo un amplio catálogo de problemas. Para empezar, y habida cuenta de lo anterior, porque el verbo recaudar tiene hoy una connotación algo desafortunada, admitámoslo. Y para seguir, porque la puesta en práctica de sus atribuciones es sumamente problemática. Y para acabar, porque en los últimos años ha habido ciertas actitudes que han impactado de manera muy negativa particularmente en la SGAE, y por extensión en las otras siete entidades de gestión. Todo ello en el contexto de la peculiar percepción del ciudadano español de la propiedad intelectual y de la polémica originada en su día con la copia privada y el “canon digital”. Debates que, con la última reforma, suenan ya a cosa del pasado, y que vista la tendencia, acabaremos por enterrar definitivamente en el futuro.

Sin embargo, las entidades de gestión llevan a cabo dos funciones que hay que resaltar. En primer lugar, la ya aludida de retribuir a sus asociados por su trabajo, y en segundo lugar, la labor asistencial. Por lo que se refiere a la primera, unas recaudan con más eficacia de otras, y retribuyen a sus socios en consecuencia. Pero esa es su principal razón de ser. En cuanto a la segunda, ocurre algo parecido: unas dedican una parte mayor de su recaudación a este fin que otras. Y no es una cuestión secundaria, porque mediante la función asistencial, que está en la propia ley, se da servicio a aquellos artistas que, muy lejos de esa imagen tradicional de la alfombra roja y los flashes, acaban su vida profesional sin cotizaciones sociales o con las prestaciones limitadas que impone una vida de trabajo irregular y, en muchos casos, mal formalizada con la Administración, cosa demasiado corriente, por desgracia, décadas atrás.

Las entidades de gestión, que por cierto, nacen con autorización del Ministerio de Cultura, son una herramienta muy útil para defender los derechos de explotación de autores y demás titulares de derechos. En España las entidades son ni más ni menos que ocho, más la reciente EKKI (de la que ya hablaremos), aunque en el imaginario colectivo parezca que florecen como setas. Su número no está limitado por ley, pero la distribución por categorías (autores, intérpretes y productores), limita naturalmente su crecimiento en número. Nada más lejos de la realidad, pero ocurre que siempre se impone la imagen de la SGAE como la única entidad de gestión que existe en España. Puede que no sea un sistema perfecto, pero la perfección no existe. Otra cosa es que sea muy conveniente tender a ella, como reclamaba Santo Tomás, y en esa aspiración se encuentra España, pero también otros países, ya que el sistema de entidades de gestión es algo global, que existe en cualquier país que se preocupa por sus artistas. Con grandes matices, claro, pero así es.

Lo que no se puede justificar nunca es un funcionamiento desleal y arbitrario en las entidades de gestión. Ni las actitudes que han tenido lugar en los órganos ejecutivos de algunas entidades, y que todos conocemos sobradamente. Ni la comisión de delitos en nombre de la gestión colectiva. Ni el uso de los fondos de la recaudación para fines que no sean los antes expresados. Ni el lujo a costa del trabajo de otros. Ni la recaudación desaforada, injustificada e ilimitada. Ni la soberbia de los ultras de la gestión colectiva. Ni la soberbia de los usuarios ultras defensores del todo gratis. Ni muchas otras cosas que se hacen al margen de la lógica. Aunque no sea el único factor, ya se ha dicho, es un problema de actitudes lo que más ha denigrado a las entidades de gestión. Pero necesarias, afortunada o desgraciadamente, lo siguen siendo.

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