Comprar y vender novelas

Mañana TVE emitirá el último capítulo de esta temporada de la exitosa serie “Cuéntame”, decana de nuestras series por mérito propio. Una de las tramas que se ha desarrollado desde el principio, y cuya resolución esperamos que sea mañana si los guionistas no optan por dejarla abierta, entra de lleno en el terreno de la propiedad intelectual.

Carlos, el personaje interpretado por Ricardo Gómez, decidió tras una época turbulenta ponerse manos a la Olivetti y hacerse escritor. En ese trance estaba, mientras planeaba presentar pronto su primera gran novela. Para orientarle hacia el éxito y lograr que fuera justamente valorada por crítica y público, recurrió a David, un escritor decadente de mucha verborrea y poca producción, al que había conocido a través de su novia (es un decir) Nuka. La semana pasada presenciamos el momento en el que David, que hasta ahora parecía ningunear la novela de Carlos, le ofrecía publicarla como si fuera suya, firmada por él, a cambio de una oferta económica a Carlos, que éste por ahora ha rechazado. Por lo que se ha podido ver en algún avance, parece que la negativa de Carlos no ha supuesto mucho obstáculo para que David se aprovechase de su obra.

Este tema nos lleva al ya comentado del plagio, pero por otra parte puede ser muy útil para apreciar la gran novedad que supuso la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 1879, muy poco tuitiva, la cual llegó al final de sus días sumida en un grave nivel de obsolescencia, lo que sin duda tenía consecuencias negativas para, fundamentalmente, los autores. En Cuéntame se habla de “comprar” y “vender” novelas. Con la ley actual, que será mejor o peor que la anterior, pero desde luego está en armonía con las leyes de nuestros vecinos, las obras no se compran ni se venden, sino que se ceden y se adquieren derechos sobre las mismas porque el autor sólo puede ser quien las crea.

Foto: http://www.rtve.es

En el sistema actual existen dos tipos de derechos complementarios que tienden a asegurar precisamente que no se produzcan situaciones de usurpación de autoría, o al menos, que ésta sea mucho más complicada y sobre todo que tenga consecuencias. Por una parte, existen los derechos morales, irrenunciables por ley precisamente para que no se conviertan en objeto de negocio, y por otra, los derechos de explotación. Los derechos morales reservan al autor la facultad de decidir si su obra ha de ser divulgada y cómo, asegurándole la paternidad por la misma. Los de explotación, que no se pueden desligar de los morales, sirven precisamente para encauzar el proceso mediante el cual la obra se hace llegar al público, pero siempre y en todo caso teniendo presente que el autor lo es por el solo hecho de la creación, sin excepción. En la ley de 1879 este reconocimiento no existía, y además era una ley formalista que exigía la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual para que la ley surtiera efecto, cuestión que inexplicablemente fue sobreviviendo a las décadas del siglo XX y a regímenes políticos diversos hasta que por fin se reformó la ley. La autoría hoy no está sujeta a ningún trámite, pero no es el caso de Carlos, que vive en 1983, que debería haberla inscrito. En la actualidad el registro de la obra, si bien no es obligatorio, sigue siendo conveniente a efectos de prueba.

Por eso, Carlos nunca habría podido negar la autoría de su novela hoy en día. O dicho de otro modo, lo podría hacer, pero contra la ley. Y David sencillamente no podría “comprársela” como si de una mercancía cualquiera se tratase. En todo caso, es una deshonestidad que bien sabemos que sucede más a menudo de lo que parece. ¿Cómo acabará la historia? Mañana en sus pantallas.

¿Conde Drácula o Conde Orlok?

Hoy escribe en Intellectualis MRG, una gran conocedora las labores legales en el campo de la producción audiovisual, y ante todo, apasionada de la propiedad intelectual, para acercarnos la historia de una de las grandes joyas del cine alemán de principios del siglo XX: “Nosferatu”.

En la oscuridad de la noche, una sombra alargada recorre pesadamente una escalera en penumbra, al llegar a la puerta, la figura, enfundada en una levita, enseña sus garras y sus colmillos afilados, sedienta de sangre. A pesar de la apariencia humana que gasta, esta criatura viene del inframundo.

Max Schreck en su papel de Conde Orlok.

Todos tenemos clavada en la retina esta escena de la película de F.W Murnau, Nosferatu, considerada una de las mejores películas de terror de la historia. En este film, el Conde Orlok, vampiro despiadado de notoria popularidad en su tierra natal, los Cárpatos, emigra a Wiborg (Alemania) sembrando a su paso muerte y destrucción.

El argumento de la película no es otro que el del libro de Bram Stoker, Drácula. Esto no es mera coincidencia, y es que en un principio, Murnau quería realizar la adaptación cinematográfica de la novela. Pero no pudo ser. La productora no pudo conseguir que la viuda del autor irlandés les cediera los derechos de explotación para llevar la novela a la gran pantalla.

Tras este primer tropiezo, Murnau decidió realizar su propia versión de la historia, manteniendo prácticamente todo el argumento y los personajes de la novela, añadiendo pequeñas modificaciones y maquillando el nombre de los mismos, así el Conde Drácula pasó a llamarse Conde Orlok. Resultado: la película se asemejaba bastante a la obra original.

El gran éxito de la película en taquilla  llegó a los oídos de la viuda del novelista, y por ello, demandó a Murnau y a los estudios de producción por infracción de derechos de autor, y, como era de esperar, ganó el juicio. Ello acarreó la orden de destrucción de todas las cintas de Nosferatu, aunque ciertas cintas lograron escapar a la ley. Y es gracias a éstas últimas que tenemos copias de la película en la actualidad.

A pesar de todos los problemas legales que tuvo que sortear la cinta, es considerada una de las perlas del expresionismo alemán de principios del siglo XX. Tanto es así, que en Estados Unidos, la película ya ha pasado a dominio público y en 1984, el montaje definitivo de la película fue presentado en el prestigioso festival de Berlín.

Este ejemplo nos sirve para ilustrar la importancia de la obtención de las cesiones de derechos de explotación necesarios para evitar cualquier tipo de controversia en el futuro. Más allá de la vulneración de los derechos de orden moral y patrimonial que pueda ocasionar la obra derivada inconsentida a la obra original y a su creador, la adaptación sin las pertinentes autorizaciones puede desembocar en plagio y en la consiguiente condena de destrucción de las copias.

Asimismo, se puede extraer del caso que los contratos de cesión, pueden servir, a su vez, como medio probatorio, en el caso en que se requiera acudir a ellos.

La duda radica en la necesidad de destrucción de la obra derivada de plagio. Si ésta última, a pesar de su poca carga original, se considera una obra pionera en su ramo, ¿merece ser destruida? Como todo en derecho, se tendrá que ver caso por caso, y, se tendrá que atender al juicio de la sana crítica.

Hay que ver también que, ante este tipo de situaciones, es necesario valorar si el acceso a la cultura, derecho fundamental previsto en nuestra constitución, prevalece sobre la integridad de la obra y la reputación de su creador o de sus derechohabientes. En el caso en que así hubiese sido, la condena emitida por el juez, tal vez, hubiese sido un poco más laxa, reduciéndose al pago de una multa o a la indemnización por daños y perjuicios, en aras de favorecer el principio de mínima intervención.

Como se ve, saltarse a la torera pedir autorización para la adaptación cinematográfica de una novela es un tema controvertido, que acarrea la duda sobre qué es lo más conveniente, si destruir una obra por infracción de derechos de propiedad intelectual o permitir su explotación aparándose en el acceso a la cultura. Todo es discutible, por lo que, tal vez, sea mejor adaptarse al caso concreto.

MRG

Derecho de la ciencia

No es una novedad que a la gente de letras le cueste aproximarse a la ciencia, e incluso interesarse por ella. El jurista por lo general tiende a huir de todo lo que huela a números, y eso no es algo que se enseñe en las facultades, así que hay que suponer que es una simple cuestión de desinterés personal. Sin embargo, y más allá de las inquietudes de cada uno, el grado de complejidad de los asuntos científicos abre un nuevo e interesante campo para otra ciencia, la del derecho, que debe proveer una cobertura apropiada a los nuevos descubrimientos y a la gente que en ellos trabaja, lo que guarda una estrecha relación con la propiedad intelectual. Como la legislación es fruto del trabajo político, es norma general que las leyes, cuanto más recientes, más mediocres son desde un punto de vista de técnica legislativa. Por lo que más nos afecta, la ley 21/2014, de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, es un magnífico ejemplo. Por eso, cuando se trata de temas complejos, como son los científicos, el riesgo de promulgar malas leyes es notablemente elevado.

En Intellectualis nos encuadramos en ese sector de gentes de letras que confiesa su desconocimiento clamoroso del mundo de la ciencia, pero que como es de natural curioso, se interesa, con humildad, por ella. Por eso hemos querido acercarnos a las normas más importantes que regulan el entorno científico español, que como es lógico, están fuertemente influidas por la legislación europea. Desde el ángulo de la propiedad intelectual e industrial, son leyes que tienden, entre otras cosas, a regular la relación entre los científicos y el fruto de sus trabajos. Evitaremos cualquier valoración de contenido porque no es nuestra pretensión. La relación de normas, somera y no exhaustiva, es la siguiente, y es interesante para juristas interesados en ciencia, pero también para científicos preocupados por aspectos regulatorios:

-Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: el objetivo de la ley es asegurar un marco para el fomento de la investigación científica y técnica, y ofrecer medias para coordinar y transferir los resultados entre los distintos agentes que intervienen en este campo. En el texto se formula, entre otros muchos, el derecho del personal investigador a ser reconocido y amparado en la autoría o coautoría de los trabajos de carácter científico en los que participe, lo que se debería entender en el sentido de una remisión a los regímenes clásicos de propiedad intelectual e industrial.

-Ley 14/2007, de Investigación biomédica: esta norma regula la investigación biomédica, que comprende investigaciones relacionadas con la salud humana que impliquen procedimientos invasivos, donación y utilización de ovocitos, espermatozoides, preembriones, embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos con fines de investigación biomédica y sus posibles aplicaciones clínicas, el tratamiento de muestras biológicas, los biobancos, el Comité de Bioética de España y los mecanismos de fomento de la investigación en este terreno. Como se puede deducir fácilmente, el componente técnico de la ley es altísimo, y lo que cobra mayor relevancia es la protección de datos, ya que desarrolla ampliamente el concepto tradicional de la Ley Orgánica de Protección de Datos para extenderlo a la genética, en cuya investigación se debe proceder con especial cautela.

-Real Decreto 1716/2011, por el que se establecen los requisitos básicos de autorización y funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica y del tratamiento de las muestras biológicas de origen humano, y se regula el funcionamiento y organización del Registro Nacional de Biobancos para investigación biomédica: el título ya es suficientemente explícito. Igual que la Ley 14/2007, tiene un alto componente de protección de datos.

-Ley 10/2002: se trata de una ley de reforma de la ley de patentes por la que se incorpora la Directiva 98/44/CE, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. La novedad es que hace patentables las invenciones, en sentido industrial, cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica. Por materia biológica se entiende aquella que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por “procedimiento microbiológico”, cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica. Esta ley excluye expresamente de la patentabilidad, los procedimientos de clonación de seres humanos, los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano, las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales y los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.

-Ley 3/2000, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales: el campo de las variedades vegetales está cobrando gran relevancia en los últimos tiempos, y es una de las materias sobre las que más ha trabajado la OMPI recientemente. Una variedad vegetal es un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos, o distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de un o de dichos caracteres por lo menos, o considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración. El obtentor es la persona que haya creado o descubierto y desarrollado una variedad vegetal.
No hay ni que insistir en la enorme complejidad de las materias que regulan estas normas. Quizás lo único que queda claro es que para el equipo de Intellectualis hay mucho trabajo por delante para desgranar los puntos más importantes de las anteriores leyes, con el objetivo de hacerlas comprensibles para los juristas.

Foto: Caroline Davis (Creative Commons)

Día mundial de la propiedad intelectual

IPDay

Hoy, 26 de abril, es el día mundial de la propiedad intelectual. Los actos, que se celebran en todo el mundo, están auspiciados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En España, el Instituto Autor será el encargado de sumarse a ellos, con la entrega del premio Antonio Delgado.

En el año 2000 los Estados que forman la organización fijaron este día como conmemoración del momento en el que entró en vigor su tratado constitutivo, el 26 de abril de 1970. El tema de este año es la música y la supervivencia de los creadores en la época de Internet. El debate ya es viejo, pero el camino sigue sin estar claro. La OMPI tiene una completo espacio en su web dedicado al día mundial de la propiedad intelectual que se puede consultar aquí. El video contiene el mensaje del Director General, Francis Gurry.

La televisión transfronteriza en la Unión Europea

La situación se repite con frecuencia. No necesariamente en España, donde el público no es, digamos, ni exigente en cuanto al contenido ni escrupuloso en cuanto a su acceso, pero sí en algunos países de la Unión Europea. Un ciudadano se dispone a ver por Internet un programa de televisión. Teclea la dirección del sitio web de la cadena, entra en su videoteca, busca lo que quiere, lo encuentra, y sorpresa: no puede ver el programa porque los derechos de emisión para su país no están cedidos. Hace un segundo intento con la programación en directo de la cadena, y lo mismo. Se tiene que conformar con una reducida selección de programas. No hay más que hacer la prueba.

Y en efecto, es como mínimo sorprendente que en un territorio común, en el que están proclamadas urbi et orbe las libertades de mercancías, trabajadores, servicios y capitales, la recepción de muchas emisiones de televisión siga estando tan fuertemente restringida. Pero lo que es peor es que eso suceda cuando dichas emisiones salen del ámbito físico de la radiodifusión, es decir, la televisión tradicional, y quedan insertas en el concepto de puesta a disposición, la cual se produce fundamentalmente a través de la combinación de internet más un aparato instrumental que permite el acceso, como un ordenador o una Tablet, y para los modernos, una smart TV. Recordemos aquí que la puesta a disposición (20.2.i de nuestra ley), consiste en ofrecer los contenidos de manera que cualquier persona pueda acceder a ellos desde el lugar y el momento que elija, sea por procedimientos alámbricos o inalámbricos. La sensación para el ciudadano es, en muchas ocasiones, que se está perdiendo contenidos magníficos por razones poco comprensibles, cuando en la televisión radiodifundida es frecuente, en algunos países europeos, captar sin problema las emisiones de cadenas extranjeras, de manera que en Bélgica se puede ver televisión francesa, y en Luxemburgo la alemana, y así hasta un número casi infinito de combinaciones. La pregunta es, entonces, irremediable: ¿por qué se siguen cerrando tantos contenidos de televisión? ¿Cómo es posible que en la Unión Europea existan las fronteras televisivas cuando ya no existen las físicas?

Desde una óptica jurídica no se puede olvidar que un programa de televisión, en sentido amplio, está protegido por la vía de la propiedad intelectual, con muchos matices, puesto que no es una categoría que aparezca como tal en la ley. Pero en todo caso, tanto los artículos 86 como 120 dan cobertura, por una parte, a obras cinematográficas y audiovisuales, y por otro, a grabaciones audiovisuales, que sin alcanzar igual rango que las anteriores, originan derechos de manera especial para los productores. De lo anterior se deduce que las emisiones de televisión están protegidas, que tienen titulares de derechos, y que los mismos deciden sobre la divulgación de su obra, lo que queda confirmado por el artículo 122 de la ley (“corresponde al productor de grabaciones audiovisuales el derecho de autorizar la comunicación pública de éstas”). Estos principios de la ley española son comunes en las legislaciones de nuestro entorno. Pero la cuestión no es suscitar la duda sobre la titularidad de derechos, cuestión bastante pacífica, sino sobre la extensión de los mismos, y si se puede restringir, en la Unión Europea, la recepción de los contenidos a escala nacional. O dicho de otra forma, si tiene algún sentido que la oferta de contenidos de radiodifusión a través de la puesta a disposición se rija por un criterio geográfico en un sistema jurídico cuyo mayor éxito consiste, precisamente, en haber abierto las fronteras entre sus miembros.

La cuestión ha preocupado a la Unión Europea desde hace tiempo, antes incluso de la génesis de la puesta a disposición. Ya en 1989 se consiguió sacar adelante la primera Directiva de televisión transfronteriza, la cual ha sido modificada en varias ocasiones. Tras diversas reencarnaciones, hoy está en vigor la Directiva 2010/13/UE, de servicios de comunicación audiovisual, aunque hay que reconocer que tampoco es demasiado esclarecedora. Los propios considerandos advierten de que los “servicios de comunicación audiovisual a petición” tienen caracteres distintos de la radiodifusión televisiva clásica en cuanto a la capacidad de control y elección del usuario, por lo que se considera que la reglamentación debe ser “más liviana”. Y también da pistas de cuáles son los pronósticos que se hacen en Bruselas sobre el futuro de la radiodifusión, ante la posibilidad de que se vea sustituida, al menos en parte, por la televisión a la carta. En realidad la directiva no es más que un cóctel de reglamentaciones sobre asuntos dispares, desde el control de la publicidad al fomento de la cultura europea, pero por lo menos obliga a los Estados a garantizar la libertad de recepción sin obstáculos de las retransmisiones televisivas, pudiendo acotarlas sólo por un numerus clausus de motivos. Por lo demás, y como es lógico, la directiva se limita a dar instrucciones para que los Estados implementen un marco jurídico amplio en el que se asegure que las administraciones no limiten la recepción de emisiones. Existe desde hace algún tiempo también la Agenda digital europea, cuya misión es trabajar el mercado digital europeo de manera que la nacionalidad o la residencia no sean una condición de acceso. Se pretende, entre otras cosas, que los ciudadanos puedan disfrutar del mismo contenido sin importar el país en el que se encuentren. Se puede consultar aquí.

Pero la cuestión puede que vaya por otros derroteros, porque el problema no está en el marco público y en las facilidades que ofrezcan los poderes públicos, sino que radica fundamentalmente en el otorgamiento de licencias, que es una cuestión privada. Cuando un productor cede a una cadena el derecho a comunicar públicamente una grabación o una obra audiovisual, lo hace para un territorio determinado, que siempre intenta limitar al máximo para poder contratar sucesivas cesiones de ese mismo derecho con otras cadenas, como es lógico. Es la expresión de los derechos que la ley reconoce a los productores, y contra eso es complicado regular nada en sentido contrario. Es un hecho que evidencia las grandes diferencias que hay entre el modelo clásico de radiodifusión frente a la puesta a disposición, a igualdad de contenido, y la necesidad de que el marco regulatorio sea distinto. Y eso sin entrar en el interesante debate del alcance del concepto de comunicación pública, ya que en la actualidad, cuando alguien pretende ver en línea un contenido pero no puede hacerlo por razón del territorio, es obvio que se está quebrando el principio de elección del lugar (“desde el lugar y el momento que elija”), por lo que nos adentramos en esa zona gris cada día más ancha, paradójicamente, que existe entre la comunicación pública lineal y la puesta a disposición, porque si no se puede elegir el lugar, falta uno de los elementos definitorios de la puesta a disposición, y por tanto el poder de elección queda enormemente limitado.

La calificación del acto que se produce no es una cuestión menor, porque a falta de una norma clara, hay que guiarse por las que ya existen, que se centran en el régimen de los derechos de explotación. ¿Es una cuestión de derecho comunitario, o es de propiedad intelectual? ¿O son ambas? El debate está precisamente en ese punto. Lo que sí parece claro es que cada día se hace más difícil justificar el hecho de que los contenidos de televisión ofrecidos por internet sigan sujetos a restricciones más propias de modelos del pasado, como confirma la sentencia reciente sobre el caso TVCatchup, que recuerda en algunas cosas al célebre caso Aereo, en la que el TJUE ha dejado claro que cuando la puesta a disposición tiene lugar medios distintos de la comunicación original, se trata de un acto nuevo sujeto a autorización y sobre el que recae una licencia distinta. Esto no quiere decir que sobre dichos contenidos no recaigan las libertades europeas de circulación en cuanto a su cesión contractual, porque sobre las cesiones de derechos también recae el derecho europeo en lo relativo a su tráfico. Pero es necesario, en lo que se refiere a la emisión, que nos aclaremos sobre si no estamos aplicando un esquema obsoleto e inflexible cuando éstas se producen en línea.

La guerra de los formatos

Los que nacimos en los 80 tuvimos la suerte de tener acceso a la informática ya desde nuestra infancia o adolescencia. Hemos vivido en nuestras carnes el frenesí de los cambios de formato en la distribución de contenidos, y hemos visto instalarse entre nosotros el cambio de paradigma con las descargas. De pequeños vivimos el paso de las cintas Beta a las cintas VHS. El tocadiscos todavía no era algo retro, sino simplemente viejo. Nuestras primeras incursiones en la música fueron con cassettes, presumíamos de walkmans, anhelábamos discmans y veíamos el minidisc como algo extraño. El DVD fue el último formato en llegar. Y por supuesto, aprendimos a leer en papel. El gran hito desde el punto de vista jurídico fue el caso Betamax de 1984.

Foto: Wikicommons (cc)

Hasta que llegó Napster. Con aquellos primigenios módems de 56 kbps, que hoy suenan a prehistoria, dejábamos la casa sin línea de teléfono durante largos ratos para bajarnos las canciones que hacían fortuna entre aquellos millenials que todavía ni siquiera sabían que lo eran. Era mágico: nos podíamos hacer gratis con las canciones del momento con sólo tener la paciencia de esperar a que la bajada se completase. Han pasado ya cerca de veinte años de todo aquello, y por el camino hemos visto de todo. A las empresas telefónicas les quitaban las líneas ADSL de las manos (al principio RDSI). Hasta Napster acabó muriendo, y su descendencia también, aunque la piratería se sigue reencarnando una y otra vez hasta sin solución aparente. Hemos llegado a la era de la puesta a disposición después ver cómo todo aquello que huela a tangible ha pasado a ser algo rancio. Todo está en internet, aunque es una sorpresa ver que aún se fabrican aparatos modernizados de cassettes. Será porque hay quien los sigue utilizando, y sin duda, algún día (si es que no ha llegado ya), se convertirán en algo hipster. El caso Betamax hoy no es más que una curiosidad histórica, hoy lo que hay que conocer bien es el caso Aereo. Así han cambiado las cosas.

No encuentro una fuente fiable para aportarla aquí, pero en 2003 Alaska ya advertía de que la industria musical estaba viviendo sobre un modelo ilógico en el que los artistas no eran precisamente los más beneficiados. Bien que le llovieron las críticas. También por aquella época había quien avisaba de que el modelo de la SGAE se estaba convirtiendo en algo negativo. No hicieron falta ni diez años para que se confirmaran aquellas predicciones. De las entidades de gestión ya hemos hablado en Intellectualis; del modelo de la industria musical, poco hay que decir, porque todos sabemos ya que la norma hoy en día, y no me refiero al ámbito de la piratería, es el acceso a través de internet, a través de plataformas tipo Spotify. Por ahí van los tiros, y por ahí seguirán yendo presumiblemente. Y no sólo en música, sino también en cine e incluso en el mundo editorial. Debate distinto al jurídico es si estamos dando, socialmente, más importancia al formato que al contenido. La facilidad de acceso al mismo hace que la cultura se venda más que nunca al peso, en detrimento de la calidad. Importa más la capacidad de un e-book para albergar libros, que los libros en sí mismos. A este respecto cabe plantearse si el desarrollo de la biblioteca digital tiene algún sentido o por el contrario es un concepto que ha nacido muerto, al ofrecer obras a las que se puede acceder igualmente de otras formas por un coste reducido. Hasta ahora, las bibliotecas tenían dos ventajas; una, la gratuidad. Otra, un catálogo de obras a las que el usurario generalmente no podía acceder con facilidad si no era a través del préstamo. En el primer caso, es una ventaja que seguirá existiendo mientras los precios de los libros digitales no desciendan y se distancien más del papel; en el segundo caso, mientras se trate de obras disponibles en formato digital, no hay ventaja apreciable porque la facilidad de acceso no es muy diferente. Por tanto, las bibliotecas digitales serán útiles si ofrecen fondos amplios y un sistema de préstamo cómodo para el usuario. Un modelo inspirador puede ser el de las bases de datos jurídicas, que se renovaron hace ya bastante tiempo. Dado que en España es un concepto aún balbuceante, las oportunidades para hacer un desarrollo racional de la e-library son reales, a salvo de que se cometan los errores que ya hemos visto en la comercialización de e-books.

La biblioteca digital puede ser especialmente útil en el ámbito universitario y en la investigación ya que puede facilitar enormemente el acceso a las fuentes. Cualquiera que haya investigado alguna vez puede imaginar lo cómodo que puede resultar, y el tiempo que puede ahorrar. No tiene que ver con la biblioteca digital, pero esta página de la universidad de Cambridge (de la que ya hablaremos, porque es todo un descubrimiento) es un buen ejemplo de cómo se pueden acercar las fuentes al público. En España, el Ministerio puso en marcha el año pasado el proyecto eBiblio, el cual no parece haber empezado con demasiado buen pie. Para empezar, por las pocas licencias que se han adquirido, y para seguir, porque los aparatos Kindle no son compatibles, cuestión que va a ser difícil de resolver. Además, las distintas redes de bibliotecas públicas que conviven en España, aunque ni juntas ni revueltas, tampoco se lo pone nada fácil al usuario, que depende de los servicios que incluya su carnet en función de su comunidad autónoma. Por lo demás, el préstamo digital es muy interesante desde la perspectiva jurídica, por el complejo juego de derechos que se produce. Aún así, el libro digital parece estar viviendo una renovada guerra de formatos.

Menos mal que siempre nos quedará el abandoware. Para los clásicos, claro.

De plagios y estafas

Intellectualis vuelve a la carga tras una parada técnica obligada por las ocupaciones académicas de su esforzado equipo editorial. Y es que el estudio de la obra fonográfica, del concepto de intérprete y todos los contratos relacionados lleva su tiempo. La calma propiciada por la Semana Santa invita a retomar viejos temas que están en la agenda de esta web, y que invitan a hacer algunas reflexiones aunque sea a ritmo de saeta; esto es, con meditación y tranquilidad. A la manera de Machado (Cantar del pueblo andaluz, /que todas las primaveras /anda pidiendo escaleras /para subir a la cruz).

Esta noticia, tras cuya pista puso a este autor un buen amigo periodista levantino, por cierto gran experto en arte, es un magnífico ejemplo de cómo el plagio es un virus instalado en nuestra vida cotidiana. Alguien deliberadamente toma una obra ajena y la hace pasar como propia. Un vil pisoteo de los derechos de autor, muy especialmente en la vertiente moral. No es cuestión de citar ahora casos recientes de plagio que han hecho fortuna en la prensa, que los hay. Baste tan sólo señalar que en según qué lugar se produzcan y descubran estos hechos, las consecuencias son muy distintas. En Alemania, como sabemos bien, provocan dimisiones. En España, por lo general, la interceptación de un plagio no pasa de la anécdota, y rara vez merece un reproche serio. Como ejemplo, uno de los casos más sonados de España, ya antiguo y casi olvidado (lo que demuestra que entre nosotros el plagio está muy aceptado), pero no por ello menos espectacular por su repercusión en medios.

Pongámonos en situación. Año 2000. Las cadenas privadas de televisión grandes en España son sólo dos. La programación de la tarde hace unos shares de vértigo. La presentadora de uno de esos programas, en la cima de su éxito profesional, decide que es el momento de explotar su nombre y de prestigiar su carrera, por lo que se pone manos a la obra y anuncia la publicación de una novela. La expectación es enorme, especialmente entre el público incondicional de su programa de televisión, aunque no entre las elites intelectuales del país, entre las que tamaño anuncio pasa desapercibido. Sin embargo, el hecho de que una de las editoriales más grandes del país haya sido la encargada de difundir la novela, hace prever que efectivamente las ventas del libro serán elevadas. En ese momento, además, quien quería leer un libro no tenía otra fórmula más que recurrir al papel, en un momento en el que la piratería literaria era nula; es decir, que salvo préstamo de algún conocido, tendría que adquirir su ejemplar. Las ventas cumplen las previsiones y las superan, al venderse más de 100.000 ejemplares (hoy, tirar una décima parte ya tiene connotaciones de gesta). Y sucede la tragedia. La revista Interviú publica unas graves informaciones que ponen en un serio apuro a la autora: en su flamante novela hay párrafos enteros que se corresponden con novelas de, al menos, otras dos autoras. Una pastelosa escritora estadounidense, y una por entonces poco conocida en España escritora mexicana.

La noticia pronto es amplificada por todos los medios, y la escritora se ve obligada a dar explicaciones, mientras la editorial tiene que retirar del comercio los ejemplares que estaban a la venta. Y entonces se descubre que la famosa presentadora no sólo no había escrito el libro, al menos íntegramente, sino que quien había cometido el plagio había sido su “negro”, lo que destapa de paso otra triste realidad de mundo editorial. Quince años después, el oscuro episodio, que nos dejó a todos con un sabor agridulce, no ha impedido que la presentadora se haya hecho de oro con su trabajo en televisión (hoy en las mañanas), que continuó como si tal cosa, y con su productora, la cual genera grandes beneficios. Queda claro que en España, plagiar es un factor de prestigio.

Portada Sabor a hiel

Pero plagiamos aun de manera inconsciente. En el fondo es difícil, a estas alturas de la historia, originar ideas completamente nuevas. Todas esas nuevas ideas, y su forma de expresarlas, tienen parte de su alma en otras preexistentes. La originalidad total es patrimonio de unos pocos. Pero claro, otra cosa el que corta y pega sin el menor remilgo.

El plagio, por sorprendente que pueda parecer, no está en la Ley de Propiedad Intelectual. En la legislación española está recogido en el Código Penal (artículo 270), lo que podría llevar a pensar que el legislador español ha querido reservarle las consecuencias más duras. El tipo penal, tal como aparece en la ley, es muy amplio y ha sido interpretado y matizado por la doctrina.

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios

Existe otro caso de falseamiento que es especialmente común en obra gráfica. Consiste en copiar una obra y explotarla no como propia, sino como si la autoría fuera del autor original. El ejemplo más claro es la falsificación de cuadros. En este caso, lo que se produce no es un plagio, sino una estafa, porque no se hace pasar la obra copiada como propia, sino como del autor del que se ha copiado. La atribución de la autoría no es hacia el copiador, sino hacia el copiado. Es un acto que encaja bien el tipo del 248 del Código Penal.

 Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

También existen varias sentencias que confirman esta teoría. La copia de cuadros es un negocio bastante antiguo que desgraciadamente se sigue produciendo hoy. Tanto en este caso como en el del plagio se conculcan derechos morales, pero es especialmente relevante el hecho de que se vulneren también los derechos de explotación, que son los que, en la práctica, conducirán a la existencia de un litigio. Y la línea entre la inspiración y el plagio será siempre difusa. La moda es un buen ejemplo, puesto que lo que conocemos como tendencias no es más que la manifestación de este fenómeno. Acabemos recordando que Aristóteles decía que el arte era imitación, y que hasta las citas más consagradas se plagian. Era intención de Intellectualis acabar este tema con una cita habitualmente atribuida a Einstein, pero oh sorpresa, su autoría está disputada. En todo caso, el secreto de la creatividad es saber cómo ocultar tus fuentes. ¡O no!

Hitler, Beatles y dominio público

El anuncio de la reedición de “Mein Kampf”, el libro de Adolf Hitler, ha causado gran revuelo entre la sociedad alemana, aún en proceso de superar las profundas heridas causadas por el nazismo, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Todos llevamos lo nuestro, pero el caso de la Alemania del siglo XX es un buen ejemplo de cómo la agitación histórica puede provocar que una sociedad entera viva instalada en la excepcionalidad de manera prolongada. “Mi lucha”, así se traduce el título al castellano, recoge la visión que Hitler tenía de la situación de Alemania tras la Gran Guerra y exponía ideas que trató de llevar a la práctica una vez llegó al poder en 1933. Hitler se suicidó en su búnker berlinés en 1945, un año decisivo para la historia alemana, europea y mundial, pero su herencia tardó en desaparecer (para los que sepan alemán, lectura recomendada aquí). La política, pero también la personal, comprendiendo también sus derechos de autor sobre “Mein Kampf”.

Foto: Adam Jones.

“The Beatles” se separaron en 1970 tras haber revolucionado la música popular. Su importancia social y cultural está fuera de toda duda, como también lo está su impacto comercial. En efecto, a lo largo de su existencia como banda batieron varios récords de ventas, y todavía hoy lideran el podio de artistas más vendidos. Según la BBC, totalizan más de 600 millones de ventas sólo en formato físico. Para los beatles supervivientes, y los herederos de los ya fallecidos, los derechos emanados de la autoría e interpretación de las canciones, suponen cantidades mareantes de dinero. Para los productores de los fonogramas, también.

El caso de “Mein Kampf” está de actualidad estos días; el de “The Beatles” lo estuvo hace unos pocos años. Pero tienen un elemento en común: el paso de las obras al dominio público y el fin de los derechos de explotación. Aunque, obvio, con matices.

En el asunto de “Mein Kampf” lo que ocurre es que está a punto de expirar el período de duración de los derechos de explotación sobre la autoría de la obra, que según la ley alemana es de 70 años contados a partir del 1 de enero siguiente a la muerte del autor, como pasa a día de hoy con la norma española. Es decir, que el día 1 de enero de 2016 la obra entrará en dominio público, lo que supone que cualquiera podrá editarla libremente, al menos desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Otra cosa son las consideraciones políticas sobre si dicha publicación debe ser prohibida o restringida por fomentar el odio, cuestión que no nos ocupa. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, la herencia de los bienes de Hitler fue adjudicada al Estado de Baviera, que los sigue ostentando hoy en día. Entre la masa hereditaria se encontraban los derechos sobre “Mein Kampf”, si bien es cierto que la obra apenas se han explotado en todo este tiempo; sólo pequeñas tiradas y de forma muy controlada. Su entrada en el dominio público será aprovechada en el marco de un proyecto de investigación, razón principal por la que volverá a la imprenta. De hecho, la edición comenzará un poco antes de la expiración de los derechos, y el gobierno bávaro ya ha anunciado que renuncia a emprender cualquier acción judicial durante el tiempo que le queda como derechohabiente.

Foto: Wikimedia

Más significativo sobre el paso del tiempo es el hecho de que las obras de “The Beatles” estuvieran a punto de pasar a dominio público en la parte correspondiente a los productores. Tomando como referencia la ley española para entender el concepto, el productor es “la persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez” la fijación de la obra, es decir, la persona que pone los medios para que la grabación se registre. Pues bien, con un plazo de protección legal generalizado de 50 años, las obras de “The Beatles”, grabadas por primera vez a partir de 1962, estaban a punto de entrar en dominio público, por lo que los productores dejarían de poder explotar en exclusiva sus fonogramas. Dudo que si se pregunta a los responsables de impulsar la Directiva 2011/77/UE, por la que se modificó el plazo de protección, reconozcan las presiones de la industria musical para poder seguir vendiendo la música de los británicos como hasta ahora. La directiva, por supuesto, apela a la juventud de los artistas cuando comienzan su carrera artística y a la necesidad de actualizar los plazos en honor a la lógica. No es que no sea verdad, pero el motivo más poderoso radica en el interés comercial, y la mejor prueba es que la fecha que lleva la norma es 27 de septiembre de 2011, con fecha tope de incorporación en noviembre de 2013. Pero como las prisas no son buenas consejeras, algunos fonogramas se han quedado atrapados por el camino. Aparte de algunas grabaciones menores, los temas “Love me do” y “P.S. I love you” entraron en dominio público en 2013, porque la norma no llegó a tiempo. Sobre las mismas ya no pesan derechos de explotación.

Los casos de entrada en dominio público son múltiples. Basta con echar la cuenta y restar, según sean autores o artistas y productores, el plazo correspondiente. Por ejemplo, en la categoría de autores, y en el caso español, habrían entrado en dominio público el 1 de enero las obras de autores fallecidos en 1934, ya que la norma de los 70 años se introdujo en España tras la promulgación de la ley de propiedad de 1987, y para autores cuyo fallecimiento fuera posterior a la entrada en vigor de la ley. Hasta entonces la norma era 80 años, y sigue siendo así para fallecidos antes de 1987. La cuestión es controvertida, ya que el fin de los derechos de explotación perjudica al autor, pero beneficia a la sociedad. Pero sobre este debate ya se pronunció Víctor Hugo:

El libro, como libro, pertenece al autor, pero como pensamiento, pertenece al género humano.

La reforma de las entidades de gestión

Ayer Intellectualis tuvo la oportunidad de acudir a la Master Class impartida por el profesor Rodrigo Bercovitz sobre la nueva directiva de las entidades de gestión, celebrada en el Instituto Francés y organizada por el Instituto Autor. “Un cartel de lujo”, como se recordó desde la organización. El asentimiento fue generalizado. La sesión fue brillante, si bien se habló poco de la directiva, y mucho de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se ha reformado el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Para quien esto escribe fue un descubrimiento, porque hasta la fecha sólo había tenido oportunidad de leer al profesor Bercovitz en libros y revistas sobre propiedad intelectual, sin haber asistido a una conferencia suya; ya ha quedado anotada en la agenda la próxima convocatoria.

La presentación del acto corrió a cargo de Rafael Sánchez Aristi
La presentación del acto corrió a cargo de Rafael Sánchez Aristi

Como viene siendo habitual en las conversaciones entre profesionales de la propiedad intelectual, subyacen las profundas reticencias hacia la nueva ley, expresadas de manera más o menos intensa, y más o menos elegante. Nadie entiende la premura por promulgar una ley que no satisface a nadie, empezando por sus propios promotores, que han previsto la reforma de la ley en su propio texto. Algo inédito. Por descontado, tampoco satisface ni a usuarios, ni a gestores ni a titulares de derechos y sucede que la oportunidad de la reforma es puesta en duda por todos. Con la promulgación del texto en noviembre ocurrió la situación descrita por Julio Cerón a la muerte de Franco, tantas veces citada por Miguel Ángel Aguilar: “el desconcierto fue grande; no había costumbre”. Tal situación se mantiene invariable meses después, con el sólo matiz de la incertidumbre sumada por las esperadas normas de desarrollo que prevé el texto, y que no acaban de publicarse. Sólo para entidades de gestión se han previsto cuatro reglamentos.

El principal escollo que tiene en estos momentos España es el de la incorporación de la Directiva 2014/26/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines. Su plazo de transposición finaliza en abril de 2016, por lo que en prácticamente un año debe estar incorporada al ordenamiento interno. Sucede que la ley española no acabará de entrar en vigor hasta el mes de mayo de este año, por lo que quedarán 11 meses hasta que venza el plazo de transposición de la directiva. Pero sucede también que la disposición final cuarta de la Ley 21/2014, tan famosa ya, lo que dice es que el gobierno se da de plazo 1 de enero de 2016 para “realizar los trabajos preliminares necesarios” para acometer una reforma “integral” de la ley, y que forzosamente deberá incorporar la directiva. El resumen es que el legislador español ha desperdiciado una oportunidad de oro para cumplir con la transposición, y por plazos, ya es casi seguro que España incumplirá el límite temporal para incorporar la norma europea. Un desastre. Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se insiste en que con la reforma ya se han adoptado medidas que adelantan las previstas en la Directiva. En palabras de Bercovitz, se ha querido “hacer footing antes de correr de verdad”. Lo cual, aparte de poco operativo, no es del todo cierto. Por otra parte se produce la interesante paradoja de que gran parte de de los artículos de la ley de reforma modifican el régimen de las entidades de gestión, lo que hace suponer que uno de los principales objetivos del legislador era precisamente la gestión colectiva. Entonces es cuando se hace aún más incomprensible el hecho de obviar una directiva que versa precisamente sobre eso. Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras.

El profesor Bercovitz habló de algunos aspectos concretos de la reforma de las entidades de gestión. Explicó, por ejemplo, que es partidario de un tipo de control externo como el que prevé la ley, y no lo es de un control de tipo interno, siguiendo el modelo societario del derecho mercantil, porque en caso de desacuerdo, los socios minoritarios de las entidades tendrían muy difícil el ejercicio de las acciones de defensa de sus intereses; posiblemente sólo tendrían, a efectos reales, la vía judicial. El control externo, a juicio de Bercovitz, garantiza una mayor neutralidad de supervisión. Y además, no es incompatible con controles adicionales de tipo interno. Piénsese, por ejemplo, en el modelo francés o el belga, en que el gobierno dispone de un delegado en las entidades de gestión. Sus atribuciones se pueden consultar en el Code de la Proprieté Intellectuelle, cuya lectura es muy ilustrativa. Cosa distinta para el profesor es el la administración de las entidades de gestión, que tras la reforma sigue correspondiendo a los socios y no a profesionales, y dado el volumen de dinero que se mueve en el campo de la gestión colectiva, quizás se debería haber revisado este modelo.

Interesante fue también la mención a la EKKI, la entidad vasca de reciente creación, de la que hablaremos en el futuro en Intellectualis. Con la Sentencia del Tribunal Constitucional del estatuto catalán (STC 196/1997) queda claro que la titularidad de la propiedad intelectual queda en manos del Estado, si bien las comunidades autónomas puede ejercer algunas funciones por delegación. Por eso el nuevo artículo 159 se preocupa de advertir que es el Estado el que autoriza y cancela la creación de las entidades de gestión. En cuanto al control, las comunidades autónomas pueden ejercer competencias sólo si la entidad de gestión tiene su domicilio social en ese territorio y el domicilio fiscal de al menos el 50% de los socios. Además el 60% de la recaudación también debe tener origen en dicho territorio. En cuanto a las sanciones a las entidades de gestión, destacó Bercovitz que se dirigen a la entidad y no al administrador infractor. Es decir, que las multas las pagará la entidad sin que se prevea castigo alguno para quien cometa alguna infracción. La consecuencia es que a los socios puede que no les interese denunciar las irregularidades, ya que el obligado por las multas será la propia entidad, y además, deberá se procederá contra la cantidad percibida por recaudación, que es de los socios y no de la entidad, y curiosamente no contra el patrimonio de la entidad.

Otras desconexiones llamativas de la ley con la directiva, y donde se pueden adelantar ya los problemas que se van a producir en un par de años, es la duración de los plazos del contrato de gestión, rebajado a tres años, prorrogable anualmente, mientras que la directiva dice que los socios se pueden ir con un preaviso de seis meses. También se prevé ahora una prescripción del derecho para reclamar el pago de 5 años, mientras que la directiva habla de 3 años.

De estas y otras cosas habló Bercovitz durante una hora y media con una envidiable claridad. Al parecer durante estos días aparecerá un libro coordinado por él sobre la reforma de la ley de propiedad intelectual. Desde aquí queda recomendada su lectura antes incluso de su publicación.

¿Unas cookies?

Desde el año 2012 hemos visto cómo en nuestra navegación diaria por Internet han proliferado los carteles de advertencia de cookies. Para la mayoría de usuarios son una molestia, pero su existencia, lejos de ser voluntaria, viene determinada por las últimas reformas legales en materia de protección de datos. Hoy en Intellectualis nos ocupamos de este tema, que podría parecer ajeno a la propiedad intelectual, pero que no lo es tanto gracias a las nuevas tecnologías. En cualquier caso, el estudio de la normativa de protección de datos, tanto la europea (atención porque viene un nuevo reglamento) como la nacional, puede producir delirio y esquizofrenia ante las enormes garantías ofrecidas al usuario, y las inasumibles obligaciones impuestas a los prestadores de servicios. Una moderada dosis de realismo basta para darse cuenta de que el conjunto de la normativa de protección de datos está condenada al incumplimiento generalizado. Son demasiadas exigencias. El campo de las cookies, pese a todo, resulta más fácil de abordar.  

Recientemente se ha publicado el estudio sobre cookies desarrollado a escala europea y en el que ha participado la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD). Analizados 478 sitios web, se han identificado unas 16.500 cookies (35 de media por web), de las cuales el 70% son de terceros. La media de caducidad de las cookies está entre uno y dos años. Estos datos se corresponden con páginas de comercio electrónico, medios de comunicación y servicios públicos. Aproximadamente un 30% de las páginas no ofrecen ninguna información sobre las cookies, y en el 40% de los casos la información podría ser mejorada. Esta es la foto fija a comienzos de 2015.

Las cookies no son un fenómeno reciente, ni este blog tiene como objeto sumergirse en profundidades tecnológicas. Para lo que nos ocupa, interesa simplemente indicar que las cookies están definidas en la ley 34/2002, de 11 de julio, sobre servicios de la sociedad de la información, y comercio electrónico., que por otra parte determina también quiénes son exactamente los obligados.

Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios

Como se trata de un mecanismo por el que el prestador del servicio puede obtener información sobre la navegación del usuario, es lógico que se requiera su consentimiento previo. Así está recogido en el artículo 22.2 de la citada ley. Pero el otorgamiento del consentimiento tiene unas reglas. En primer lugar, que se haya informado al usuario sobre la utilización de las cookies, especialmente su tratamiento a efectos de protección de datos. En segundo lugar, que el uso de cookies se acepte de manera expresa, cuestión sobre la que la AGPD ya se ha tenido que pronunciar detalladamente a través de una resolución.

 INFORMACIÓN

La información sobre las cookies deberá tener en cuenta el usuario de la web sobre la que se instalan, deberá ser clara, y fácilmente accesible. Una de las fórmulas más extendidas es la del faldón en la página de inicio, con un enlace al aviso sobre cookies. La AGPD se ha pronunciado en el sentido de que es posible usar el sistema de doble capa, es decir, una primera advertencia sobre el uso de cookies (bien visible, sea faldón o no) y su información esencial, y el enlace al apartado antes indicado, que a su vez podrá ser independiente o no de la política de privacidad.

 CONSENTIMIENTO

Este punto ofrece mayores dificultades, ya que el artículo 22.2 de la LSSI no define en qué forma se ha de otorgar el consentimiento, y especialmente, si cabe darlo de forma pasiva, por ejemplo, ignorando el aviso sobre cookies y continuando con la navegación, o en expresión de la AGPD, infiriéndolo de las acciones del usuario. Las dificultades probatorias pueden ser notables. Aunque tácitamente esté aceptado, normativamente no es una cuestión cerrada, porque la inactividad no puede equivaler a consentimiento. Sobre este punto es interesante acudir al artículo 1.262 del Código Civil, sobre contratos efectuados telemáticamente, en el que se pide que el consentimiento se manifieste. La AGPD exige, en todo caso, alguna acción consciente y positiva del usuario, la información previa, y la posibilidad de negarse a aceptar las cookies. La reforma de 2012 preveía que el consentimiento se pudiera hacer a través de los propios ajustes del navegador; desde el año pasado se pide que dichos ajustes se hagan de manera expresa. La recomendación básica de la Agencia es que el consentimiento se recabe marcando la correspondiente pestaña, de manera que, además, quede el registro de dicha acción.

Por último, conviene señalar que el consentimiento debe poder ser revocable. Para una visión pormenorizada de los tipos que existen, se puede visitar, entre otros, el sitio de la AGPD. Pero realmente lo que importa desde un punto de vista jurídico es la función que cumple la cookie según los criterios legales. Que sea de una clase o de otra da igual. En definitiva, con las cookies sólo podemos esperar tener un empacho de aquí al futuro. Se trata de un tema cada día más importante, y no se puede negar, muy de moda.